Jair Bolsonaro viola los derechos humanos según Amnistía Internacional

Amnistía Internacional denuncia que Gobierno de Bolsonaro viola los derechos humanos

En un comunicado oficial, Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno de Bolsonaro viola los derechos humanos. Desde que el mandatario brasileño asumió el poder, cinco meses atrás, las medidas implementadas han vulnerado diferentes derechos, desde la flexibilización del porte de armas a las hostilidades con las comunidades de los pueblos originarios. La organizcaión repudió la «retórica tóxica» del gobierno ultraderechista en Brasil e instó a «abandonar ese discurso hostil».

Gobierno de Bolsonaro viola los derechos humanos, denuncia Amnistía Internacional

El comunicado fue presentado en Brasilia y publicado hoy en el sitio oficial de la organización. La portavoz fue la abogada Erika Guevara Rosas, directora de la oficina de Amnistía Internacional (AI) para las Américas. Según señaló la abogada, en AI hay una «gran preocupación» por lo que está ocurriendo en Brasil desde que el pasado 1° de enero, cuando asumió el poder el líder de ultraderecha. En el documento, publicado en el sitio oficial de AI, la doctora Jurema Werneck dijo:

«Hemos seguido con atención la actividad de su gobierno y, lamentablemente, nuestra preocupación empieza a hacerse realidad. El Gobierno de Bolsonaro ha adoptado medidas que amenazan los derechos a la vida, a la salud, a la libertad, a la tierra y al territorio de la población brasileña, tanto rural como urbana, que lo que desea es una vida digna y sin miedo».

Estas preocupaciones están expuestas en el informe Brasil para el mundo. Allí, la entidad refiere a todas las vulnerabilidades de los derechos humanos que se vienen desarrollando tras llegada de Bolsonaro al poder, un excapitán del Ejército que ha justificado la tortura de opositores durante la dictadura militar brasileña.

De acuerdo al documento de AI, la flexibilización de la tenencia y el porte de armas de fuego, impulsadas mediante ordenanzas presidenciales, «pueden contribuir al aumento del número de homicidios» en un país que en 2017 registró poco menos de 64 000 asesinatos por armas de fuego. Casi 31 por cada 100 000 habitantes.

El Gobierno de Bolsonaro y la violencia endémica

Jair Bolsonaro Pinochet

La tasa referida representa el triple del nivel considerado por la Organización de las Naciones Unidas como «violencia endémica». AI también denunció el paquete de leyes anticrimen presentado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro. Este pretende «legitimar una política de seguridad pública basada en el uso de la fuerza letal», sentenció la doctora Werneck.

Ese proyecto prevé habilitar a jueces a reducir las penas —e incluso absolver— a policías que, actuando en legítima defensa, hayan tenido una reacción excesiva debido al «miedo, la sorpresa o una emoción violenta».

En este sentido, cabe recordar que Brasil, junto con Estados Unidos, es de los dos países con más muertes por armas de fuego en el mundo. Siendo, además, los dos con las leyes más flexibles en cuanto al porte y la tenencia. Consecuentemente, según el Global mortality from firearms (1990−2016), en Brasil muere una niña, niño o adolescente por disparo de arma de fuego cada una hora.

Entre otros aspectos, amnistía denunció también la situación en torno a los abusos contra la comunidades de los pueblos originarios. Al respecto, se advirtió el «impacto negativo sobre los derechos indígenas y quilombolas poblados de exesclavos fugitivos» en un gobierno que despojó a la Fundación del Indio (Funai) de sus facultades para demarcar tierras indígenas y otorgar licencias ambientales.

Preocupación en toda la región por leyes que buscan impedir trabajar a las ONG

Finalmente, Erika Guevara Rosas se refirió también a los peligros para la región y el funcionamiento de las ONG. La abogada denunció la reducción del espacio de actuación de la sociedad civil en todo el mundo. Especialmente en la región, con la adopción de leyes que buscan controlar e impedir el trabajo de las ONG. Sobre el caso, señaló:

«Lamentablemente, son cada vez más los países que tratan de controlar a las organizaciones no gubernamentales e impedir el trabajo de organizaciones cruciales por denunciar fallos, crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado. Nos preocupa comprobar cómo las medidas adoptadas por el actual gobierno sobre la supervisión de ONG van en la misma dirección. La comunidad internacional seguirá atenta a Bolsonaro y su gobierno, para ver si cumplen o no con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos».